Por Greta Ángel
Existe una noción generalizada desde ciertos posicionamientos jurídicos, morales, sociales y culturales, de que el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes sigue siendo un debate sin conclusión. Y no solo eso, sino que en muchos escenarios, como en pasados días sucedió en Quintana Roo, aún existe la audacia de limitar estos derechos.
De manera sistemática, las mujeres y personas gestantes vivimos violencia y discriminación en razón de género. Nuestros cuerpos son sometidos a voluntades de terceros y al escrutinio público, nuestro consentimiento no se considera necesario o importante y nuestro derecho a decidir se encuentra limitado jurídica y socialmente.
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La capacidad de decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos se ha visto reducida a un debate moral y de restricción legislativa, pero la realidad es que es un tema de salud pública y de reconocimiento de nuestros derechos humanos.
A pesar de que los derechos sexuales y reproductivos se encuentran reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 47 mil mujeres embarazadas mueren cada año por complicaciones derivadas de abortos en condiciones de riesgo, 14 millones de adolescentes dan a luz anualmente sobre todo debido a relaciones sexuales forzadas y embarazos no deseados, en el mundo han sufrido alguna agresión sexual cerca de 15 millones de niñas menores de 18 años, el 30% de las adolescentes entre 15 y 19 años del mundo están casadas [1].
Cinco países en el mundo prohíben el aborto en todos los casos incluso cuando éstos son espontáneos o productos de una violación, mujeres con enfermedades incompatibles con el embarazo tienen que elegir entre la posibilidad de morir y pasar años en la cárcel, se obliga a dar a luz a niñas violadas incluso en países que contemplan la interrupción legal del embarazo dentro de sus legislaciones, la violencia obstétrica es una realidad cotidiana, y dos millones de niñas y mujeres actualmente vivas han sufrido mutilación genital femenina[2]. (Nótese la falta de estadística relativa a la violencia que viven las personas gestantes).
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Las legislaciones que penalizan a las mujeres y personas gestantes por interrumpir voluntariamente sus embarazos, no sólo son violatorias a estándares internacionales en materia de derechos humanos, sino que además son poco efectivas, ya que sabemos que los países en que se reconoció el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en las décadas de los 70 y 80 -y también tienen acceso a la información y a todos los métodos anticonceptivos- tienen tasas más bajas de interrupciones del embarazo. Es momento de reconocer la terrible realidad que sufren muchas mujeres que viven contextos de violencia y violencia sexual a nivel individual; que sufren el escarmiento social por decidir sobre sus vidas, sus futuros y sus cuerpos; y que se ven limitadas al libre desarrollo y a su salud por los Estados que las criminalizan.
No nos cansaremos de gritarlo y exigirlo: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.