Por Greta Ángel
La protesta es una forma de acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación.
El derecho a la libertad de expresión, a la reunión y a la protesta son derechos humanos reconocidos por diversos Organismos Internacionales que se encuentran fuertemente vinculados a la defensa de derechos humanos, así como a la promoción y defensa de la democracia. Un Estado que limita, imposibilita o criminaliza este derecho, de manera inminente atenta contra su misma razón de ser al buscar borrar el poder de incidencia de la ciudadanía en la vida política y social.
“¡Pero esas no son las formas!”, hemos escuchado una y otra vez. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “cuando una manifestación o protesta conduce a situaciones de violencia debe entenderse que el Estado no fue capaz de garantizar el ejercicio de este derecho”.
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Esto quiere decir que cuando una manifestación escala a ser violenta es resultado de nada más y nada menos que de la falta de acción del Estado al escuchar las demandas por la vía pacífica y/o por la vía jurisdiccional.
Si las mujeres objeto de violencia o los familiares de una víctima de feminicidio han acudido a los ministerios públicos y a las fiscalías donde de manera reiterada les han ignorado, les han violentado o les han ridiculizado; si se han organizado de manera colectiva, solicitado audiencias con el poder político y han realizado pliegos petitorios; si se han manifestado de manera pacífica a través de bailes y batucadas recibiendo más violencia directa y simbólica; si le han pedido a gritos al resto de la sociedad que se clame por justicia y no han recibido más apoyo que el de sus colectivas y organizaciones; si todos los días las autoridades ridiculizan y demeritan la terrible situación de violencia; entonces quemar, romper y acuerpar los espacios públicos es el último recurso que queda disponible.
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Y si en ese proceso (que fue resultado y completa responsabilidad del Estado) se hace uso de la fuerza pública desmedida (la confrontación, el uso de granaderos armados hasta los dientes, la encapsulación de individuxs, el hacer uso de elementos nocivos para la salud a largo plazo sobretodo en tiempos de pandemia, la brutalidad, la tortura, la colocación de elementos de la fuerza con aparentes armas en lugares estratégicos para infundir terror) no es proporcional en ningún sentido y atenta contra todo principio y estándar internacional en materia de derechos humanos.
Cuando el Estado es opresor, la rebeldía es respuesta. Y es legítima.